domingo, enero 14, 2007

Las confusiones gramaticales y morales del gobierno

Hay presidentes accidentales, que se encuentran con la historia en medio de un derrumbe: Gerald Ford, César Gaviria, Valentín Paniagua. Tales presidentes, en general, optan por la prudencia y la modestia. Saben que no han sido elegidos por sus virtudes personales, sino por el azar.

Sin capital político que gastar, se dedican a crearlo, lanzando iniciativas más allá de la empalizada de sus comunidades políticas. Ford, reconciliando a republicanos y demócratas; Gaviria, negociando la paz con la guerrilla; Paniagua, convocando a un gabinete independiente.

Alan García fue elegido presidente por ciudadanos que votaron tapándose la nariz. Sus propios aliados lo compararon a una enfermedad fatal, marginalmente mejor que el humalismo. Se recordó hasta la saciedad su carácter mendaz, sus patologías, su oportunismo, su corrupción, sus deudas con la justicia, su demostrada incapacidad. Su capital político al empezar su gobierno era similar a las reservas externas del país en el año 1990: una gran cifra roja.

Sin embargo, García se ha comportado como un presidente aluvional. Si buscó acuerdos, fue con la extrema derecha. Ha intentado crear capital político en ese lado del espectro, agitando los atavismos más despreciables. Pornógrafo para llamar al linchamiento legal de los violadores; periodista de crónica roja para ahorcar a Hussein; inquisidor para acusar de terrorismo a un anciano torturado hasta la muerte.

Confrontado con la evidencia de su mentira en el caso de Bernabé Baldeón, cuya familia ha logrado una sentencia contra el Estado por el asesinato de su padre, García no tuvo más remedio que decir algo que sonara a disculpa: “Si la familia Baldeón se siente ofendida, le ofrezco mis disculpas”

¿Si se siente ofendida? ¿No será razonable pensar que si a la tortura y asesinato de su padre se agrega la difamación la familia Baldeón se sentirá ofendida? García ofrece disculpas, no pide perdón, pomposo a más de irresponsable.

Ahora bien: el premier Del Castillo, incluso luego de la “disculpa” presidencial, ha insistido que el problema no es la difamación del campesino asesinado: "No están viendo el problema real. Ese caso cuesta 400 mil dólares al Estado"

El problema no es que la más alta autoridad de la nación abuse de su poder y estigmatice la memoria y la familia de un modesto campesino. El problema no es que se excuse la tortura si se efectuó contra un supuesto terrorista. El problema no es, tampoco, que el presidente llame a incumplir las obligaciones internacionales del país. El problema es plata.

Estamos advertidos: si hay que escoger entre nuestros derechos y la plata, este gobierno escoge la plata. Gracias por la sinceridad, premier.

La apuesta de ganar capital político jugando a favor del tánatos no le rindió resultados a García en las elecciones municipales y regionales, pero insistió. Enfrentado a la evidencia de una nueva derrota, esta vez en el parlamento, volvió a mostrar la misma reacción autoritaria que tuvo en los casos Canto Grande y Baldeón. Exigió un referéndum para consultarle al país sobre la pena de muerte, logrando el singular resultado de que su propia ministra de justicia le corrija la plana.

Hasta el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Aurelio Pastor, corrigió al presidente. Aunque, claro, deslizando una pequeña sugerencia:

“…el artículo 32o de la Carta Magna establece que no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de las personas como lo es, en este caso, la vida. Sin embargo, precisó que para lograr que la pena de muerte sea llevada a referéndum se podría realizar una modificación constitucional.”

¡Gracias, Aurelio! ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Si hay que destruir garantías constitucionales, hagámoslo por la vía directa, con acuerdo del congreso, ¿a quién se le ocurre gastar la plata del estado en un referéndum?

Pero quien se lleva la palma entre los incondicionales del presidente accidental es el congresista Velásquez Quesquén, líder de la bancada aprista. Algo así, digamos, como lo que Pérez Rubalcaba es al PSOE o Harry Reid a los demócratas.

La reacción de Velásquez Quesquén al fallo de la Corte Interamericana en Canto Grande ha sido una terca resistencia a leer la sentencia y aprender un poco. ¿Para qué aprender –al fin y al cabo- cuando se puede acusar? Además, con constitucionalistas tan apegados a los derechos como Aurelio Pastor, ¿cómo desaprovechar la oportunidad de repartir acusaciones constitucionales como quien reparte carnés partidarios?

Pero algo me hace sospechar que el pobre Aurelio tendrá más problemas entendiendo a su compañero de bancada que a su presidente. Al fin y al cabo, García ha adquirido, al cabo de décadas de lectura y oratoria, cierta claridad expresiva. El Sr. Velásquez Quesquén, en cambio, es un maestro de la cantinflada.

Véase, por ejemplo, a este tribuno refiriéndose a la acusación constitucional que prepara contra el ex ministro Tudela y sus asesores, quienes diseñaron la estrategia jurídica del Estado en el caso Canto Grande:

“En este momento estamos terminando de afinar la acusación con los asesores porque queremos identificar bien a los responsables para que no se vaya a pensar que esto tiene un sesgo

Nótese el plural mayestático con el que el portavoz aprista se refiere a sí mismo; apréciese la capacidad inigualable de introducir ambigüedad en una frase sencilla: ¿será que se refiere a la acusación contra los asesores de Tudela o al trabajo de “afinamiento” que él conduce (¿o ellos –los Quesquenes- conducen?) con sus asesores? Apláudase la sinceridad con la que se admite que tiene una acusación pero no se sabe exactamente contra quién. Obsérvese el deseo de precisión de quien quiere identificar “bien” porque sabe –admite- que si no produce chivos expiatorios adecuados la maniobra quedará al descubierto. ¡Velásquez Quesquén habría hecho las delicias del maestro Luis Jaime Cisneros en sus clases de lingüística en la Católica!

Pero hago una digresión; “ofrezco disculpas” y sigo apreciando al líder parlamentario, en su rol de gran inquisidor:

Tudela ha insinuado que fue sorprendido por el agente Ayzanoa con la propuesta para allanarse. Evidentemente, si un ministro es sorprendido en un tema tan delicado como este, también se le agrava el perjuicio que ha ocasionado. Será la subcomisión de Acusaciones Constitucionales la que determinará si fue negligencia o un hecho punible"

¿Exactamente qué quiso decir aquí el Sr. Velásquez Quesquén? ¿Qué Ayzanoa engañó a su ministro o que el ministro expresó sorpresa ante la propuesta de Ayzanoa? ¿Qué se ha perjudicado al ministro, que se ha perjudicado al estado o que el parlamentario no tiene idea de qué ha ocurrido? ¿Qué es lo “evidente” en este descomunal desorden de las ideas?

Durante las últimas semanas, los poderosos del Perú han demostrado en sus dichos y hechos que la confusión gramatical suele ir de la mano de la confusión moral. Si un presidente accidental se porta como un baladrón, si la plata vale más que los derechos, si el defensor de la constitución propone castrarla; entonces, es adecuado que el líder parlamentario del gobierno hable en lenguas, como en un Pentecostés de Estudios Churubusco.

Pero –afortunadamente- lo contrario también es cierto: la integridad moral es compañera de la claridad sintáctica. Un ciudadano de a pie, el hijo del campesino asesinado y difamado por García, reaccionó así a la “disculpa” presidencial:

"No porque seamos unos campesinos humildes el Gobierno de Alan García va a decir lo que quiere. Esperamos que no se vuelva a repetir"

Eso es lo que yo llamo claridad conceptual y dignidad intacta.

viernes, enero 05, 2007

Nos quieren hacer cómplices

Nos quieren hacer cómplices
Por Eduardo González Cueva

Apenas han pasado un par de años desde que la prensa peruana se hizo eco de las declaraciones optimistas de nuestros políticos saludando la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Berenson. En aquella ocasión, como la Corte recogió la posición del estado peruano, se consideró que se había logrado un precedente favorable y una victoria del estado de derecho.

Hoy, luego de la sentencia en el caso Canto Grande, se ha pasado del triunfalismo al rechazo visceral, pese a que los jueces que han fallado en este caso son exactamente los mismos que en Berenson. El premier Del Castillo llama “inaceptable” la sentencia; es una “tremenda corte”, clama el ministro Rey. Increíblemente, por venir de quienes se supone deben respetar las leyes, los presidentes de la Comisión de Justicia del Congreso y de la Corte Superior de Lima objetan que el país cumpla con sus obligaciones luego del fallo.

Dado el nivel bastante perfectible de los poderosos en el Perú, no cabe esperar que ninguno de los que así opinan se hayan dado el trabajo de leer las casi 200 páginas de la sentencia de la Corte, o por lo menos su resumen. La ansiedad de “agarrar micro” parece siempre imponerse a la prudencia: el presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, confiesa no haber leído la sentencia, opina –más aún- que una opinión responsable necesita esa lectura previa, pero de todos modos se adelanta al examen y la llama “discutible”. Monseñor Bambarén simplemente reacciona a la pregunta del periodista y se escandaliza: “¿cómo es posible eso?”.

¿Cómo es posible lo que ha ocurrido en San José? Muy sencillo: ha ocurrido por que la masacre de Canto Grande fue un crimen y por la desidia e irresponsabilidad del Estado peruano para enfrentar sus deberes.

La masacre de Canto Grande tuvo lugar frente a los ojos de todos los peruanos un mes después del golpe de Fujimori cuando este, en su calidad de dictador absoluto, asaltó el pabellón de mujeres de ese penal en una operación militar caótica y brutal. Todos vimos a Fujimori pasearse entre los heridos, como lo haría años después entre los muertos en la residencia del embajador japonés. Más aún: esta atrocidad innegable ocurrió frente a un abogado de la Comisión Interamericana que se hallaba en el país y cuya mediación se rechazó. ¿Puede sorprender a alguien que años después, este abogado testifique sobre lo que vio con sus propios ojos?

El caso estuvo frente al sistema interamericano de derechos humanos desde 1992, sin que mereciera mayor respuesta del régimen fujimorista, contento con la condición de paria internacional que le había impuesto al Perú. Luego de la caída de Fujimori, en el 2001, el Perú rechazó la posibilidad de una solución amistosa para el asunto. Luego del trabajo de la Comisión de la Verdad, que investigó el caso y recomendó en el 2003 denunciar a los presuntos responsables, el Ministerio Público encabezado por la Dra. Nelly Calderón no actuó de manera diligente y perdió frívolamente el tiempo cuestionando el trabajo de la CVR.

Las consecuencias de la desidia fiscal están a la vista. En forma penosa, en audiencia de la Corte Interamericana de junio del 2006, casi 3 años después del informe de la CVR, el Estado peruano no tuvo más opción que admitir que el caso estaba avanzado “al 95%” en nuestro sistema judicial. ¡Alguien debe creer en el Estado que cabe, ante una instancia internacional, el mismo tipo de excusas absurdas que se usan en las ventanillas de atención al público!

Peor aún, este caso se perdió cuando el Estado decidió justificar la matanza como un acto de guerra, siguiendo el guión dictado por los sectores más radicales de la derecha nacional. La violencia, de acuerdo a lo que dijo el representante del Perú frente a la Corte, se dirigió “contra internos de una determinada tendencia”, para “atacar a Sendero Luminoso” en una “lógica de guerra”. Imposible explicar ante la Corte por qué esa estrategia militar incluyó actos como el fusilamiento de rendidos, la mutilación de cadáveres, la violación de mujeres y la tortura de los sobrevivientes. Y, sin embargo, la misma derecha radical que inspiró la estrategia para que el Estado pierda el caso hoy se atreve a dar “soluciones”, llamando a una ruptura total con la Corte.

El gobierno del Sr. García insiste en perder su declinante capital político con la misma estrategia que no le ha ayudado a ganar municipios: invocar fantasmas, agitar las pasiones más bajas, buscar –en fin- enemigos externos e internos con los que distraernos de su general mediocridad. En el caso Canto Grande, como antes los casos Castillo Petruzzi y Berenson, el gobierno encuentra la posibilidad de una estigmatización fácil porque, en esencia, se trata de violaciones donde las víctimas se presumen malas y culpables.

Para lograr el sorprendente efecto de justificar una violación de derechos humanos cometida ante los ojos de todo el país, se sigue el siguiente procedimiento:

- Se ignora que en el Perú la ineficiencia de la policía y de los jueces envía cientos de inocentes a la cárcel y se oculta que este fenómeno fue sistemático durante el mismo fujimorismo. La prensa de derecha ha continuado llamando “terroristas” a todas las personas indultadas, incluso cuando la mayoría de ellas recibieron su libertad del mismísimo Fujimori. Como resultado, se le vende al país la idea de que toda persona que estuvo en la cárcel por terrorismo debe ser culpable.
- Se preconiza que no hay castigo suficiente para ciertos criminales y se justifica la venganza. El presidente en persona no vacila en detallar en forma casi pornográfica crímenes atroces como la violación de niños para justificar la pena de muerte y –de paso- meter a los terroristas en el mismo saco quee los violadores.
- Por último, se crea una excepción en el razonamiento para defender a los violadores de derechos humanos si actuaron a favor del Estado: el fin justifica los medios, siempre y cuando el fin sea el poder del “presidente” Fujimori y no el del “presidente Gonzalo”.

Hace más de veinte años, la democracia argentina puso en el banquillo a los líderes de las juntas militares que causaron miles de desapariciones y la derrota militar más humillante de la historia de ese país. Uno de ellos tuvo la audacia de utilizar en su defensa el mismo argumento que hoy usan quienes –en el Perú- rechazan el fallo de la Corte: “Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa” dijo el almirante Massera, para justificar actos abominables como el robo de los recién nacidos de las desaparecidas embarazadas.

La respuesta del fiscal Strassera a ese argumento inmoral fue clara: una sociedad que se pretende democrática y civilizada tiene que condenar la justificación de la violencia como instrumento político venga de donde venga, “desterrar la idea de que existen "muertes buenas" y "muertes malas" según sea bueno o malo el que las cause o el que las sufra”. Un crimen es un crimen sin importar quién lo comete y cuál es su motivación política: una mujer violada no se siente menos ultrajada porque su violador haya defendido la Constitución peruana en lugar del “pensamiento Gonzalo”; Ernesto Castillo Páez no está menos desaparecido porque lo haya asesinado un policía en vez de un senderista.

Sin embargo, hoy en el Perú, no faltan quienes repiten el argumento de Massera y pretenden además hacernos sus cómplices, llamando a un referéndum para cortar con la Corte Interamericana. Es decir: para lograr el absurdo de justificar un crimen, se propone el absurdo de utilizar uno de nuestros derechos –el voto- para renunciar a la protección de todos nuestros derechos. Ya que fuimos testigos -en el silencio impuesto de una dictadura- del crimen, ahora se nos pide ser sus cómplices.

Yo creo que el hecho de que el Sr. García requiera el voto del fujimorismo para tener mayoría en el parlamento no justifica que se me exija tal acto de cobardía. Me parece que la decisión aprista de hacer al Sr. Rey ministro y al Sr. Giampietri vicepresidente no me obliga a hacerme eco de sus odiosos argumentos. Creo que la inmoralidad de otros no me obliga a renunciar a mis derechos ciudadanos.

No me afecta -por el contrario, me ennoblece- que el Estado que me representa reconozca un crimen, castigue a los culpables, entregue los restos de las víctimas a sus familias, asegure atención sicológica a los sobrevivientes y los desagravie. Me afectaría, me haría menos ciudadano, que García y Giampietri –sobre quienes pesa la masacre de 1986- se conviertan en los jueces que absuelvan la masacre de 1992. Puedo –debo- reconocer que hasta un criminal puede ser víctima y merecer desagravio, pero no puedo ni debo reconocer jamás que un criminal se convierta en juez y señor de mis derechos.

Creo, como dijo Salomón Lerner al entregar el Informe Final de la CVR que la democracia se construye con la terquedad de quienes no renuncian a las buenas razones, incluso en el vacío moral que imponen los autoritarios y los violentos. Creo, por que todos lo vimos, que la dictadura fujimorista se hundió “por mérito de quienes se atrevieron a no creer en la verdad oficial” y llamaron “a la dictadura, dictadura; al crimen, crimen”. El crimen es tal independientemente de quien sea la víctima: afirmar tan simple verdad es mi defensa de la democracia y mi rechazo a la complicidad.