Cajamarca requiere su canon

Artículo aparecido en la columna de Humberto Campodónico - La República 16/6/2005.

Escrito por César Humberto Cabrera (Columnista invitado).

El funcionario de Yanacocha, César Humberto Cabrera, nos ha enviado este artículo sobre el tema de nuestra columna del martes pasado (Minería/Población: Hoy se cosecha lo que se ha sembrado).

El canon minero es equivalente al 50% del impuesto a la renta, razón por la cual se suele pensar que multiplicando por dos la suma transferida por canon minero se obtiene la cifra correspondiente al impuesto a la renta (IR) de un año determinado.
Esto no es así. Actualmente, el canon minero se transfiere entre junio del año siguiente en que se genera el IR y mayo del año subsiguiente. Esto significa que el canon minero generado en 2004 se transfiere entre junio de 2005 y mayo de 2006. De modo que el canon minero transferido en 2004 no es equivalente al 50% del IR pagado al 2004. En el caso de Yanacocha, la falta de relación entre el canon minero transferido y el IR pagado es realmente notable. En 1994, primer año de operación plena, Yanacocha pagó US$ 10,8 millones por concepto de IR, no habiéndose transferido un solo dólar por concepto de canon.
En 1996 Yanacocha pagó US$ 51,2 millones por IR, mientras que el canon transferido fue de sólo 431.000 dólares, esto es 0,84% del IR. En el 2002, primer año de vigencia de la nueva ley del canon, Yanacocha pagó US$ 51,5 millones de IR, habiéndose transferido sólo US$ 7,6 millones por concepto del canon, esto es 14,67% del IR. El 2004, el IR pagado por Yanacocha ascendió a US$ 181,5 millones, habiéndose transferido por concepto de canon US$ 40,6 millones, esto es 22,37% del IR.
Esta es la realidad. Estas son las cifras. Si entre 1994 y 2004 se hubiera transferido el 50% del IR a Cajamarca, la transferencia hubiera sido de poco más de US$ 316 millones, habiendo sido realmente algo más de US$ 102 millones. Consecuentemente, Cajamarca hubiera tenido tres veces más recursos por canon minero de los que efectivamente tuvo en el período en referencia. Suficientes recursos para financiar las principales obras de infraestructura requeridas por los tres distritos donde está localizada la operación minera y un conjunto de obras importantes para la región. Entre estas últimas podemos mencionar la carretera Cajamarca-Celendín-Balsas y parte de la longitudinal de la sierra, por ejemplo, el tramo Chiple-Cutervo-Chota-Bambamarca.
¿Quién o quiénes fallaron? ¿El Estado que no transfirió los recursos? ¿Las autoridades locales y regionales que no exigieron su transferencia? ¿Los representantes de la sociedad civil que no se movilizaron por el canon que le correspondía a sus distritos y regiones? Probablemente todos tienen alguna responsabilidad. En todo caso, hoy es pertinente preguntarse dónde se han invertido estos US$ 100 millones transferidos por concepto de canon minero. Pero sobre todo dónde se invertirán los US$ 270 millones que llegarán a Cajamarca entre 2005 y 2007 por el mismo concepto.
Al respecto, debemos señalar que estos recursos se han invertido en pequeñas obras de escasa relevancia para la población, así como en gasto corriente. Siendo muy probable que los US$ 270 millones que llegarán de 2005 a 2007 no tengan un destino distinto. ¿Qué hacer ante esta perspectiva? En primer lugar, el gobierno debería transferir puntualmente los recursos del canon minero y, en coordinación con el Congreso, ampliar la base del cálculo del canon a todos los tributos, como dice la ley, y no sólo al IR. En segundo lugar, el Congreso y Poder Ejecutivo deberían hacer lo necesario para que los recursos del canon minero se concentren en los distritos mineros y el gobierno regional correspondiente, para ser invertidos en proyectos de importancia.
¿Quiénes deberían hacer algo al respecto? El Congreso, el Poder Ejecutivo, el gobierno regional y los gobiernos locales, en una palabra el Estado, tiene que hacer un esfuerzo para que el canon minero sea equivalente al 50% de todos los tributos.
De otro lado, las autoridades locales y regionales deberían identificar las obras requeridas para impulsar el desarrollo local y regional, así como priorizar la ejecución de las mismas. Pero también es indispensable que la sociedad civil se movilice para exigir la transferencia del canon y para que éste se invierta en obras de importancia para el desarrollo local y regional.